Gonet pide al Supremo de Brasil suspender en todo el país los procesos sobre la medida que prohibió las apuestas en línea

Resumen elaborado por la redacción de Panorama a partir de las fuentes listadas. Los hechos se atribuyen a las publicaciones originales.

El procurador general de la República de Brasil, Paulo Gonet, pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) que suspenda, en todo el país, los procesos judiciales que discuten la constitucionalidad de la medida provisional (MP, un decreto con fuerza de ley inmediata) que prohibió el funcionamiento de las casas de apuestas en línea, conocidas en Brasil como "bets". El pedido fue presentado el viernes (6) al ministro Luiz Fux, ponente de cuatro acciones sobre el tema en el Supremo, según g1.

Gonet argumenta que decisiones de instancias inferiores permitieron que algunas plataformas siguieran funcionando pese a la prohibición. Para él, la multiplicación de procesos sobre una cuestión que ya está bajo análisis del STF provoca inseguridad jurídica y una aplicación desigual de la norma. Si Fux acepta el pedido, las acciones en las demás instancias quedarán paralizadas hasta que el Supremo decida.

También el viernes, el presidente del Tribunal Regional Federal de la 3ª Región (TRF-3), el juez Johonsom di Salvo, revocó la autorización para que tres casas de apuestas volvieran a operar. En su decisión, consideró inconveniente para el orden público que instancias inferiores anticipen criterios sobre un tema pendiente en el STF. Una de las beneficiadas, Casa de Apostas, ya tenía su sitio en línea esa mañana.

La MP, dictada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, PT) y publicada el 25 de septiembre, vetó la explotación, la oferta, la intermediación y la publicidad de apuestas de cuota fija, además de juegos y casinos en línea. El bloqueo de los sitios comenzó el 6 de octubre.

Las acciones en el STF fueron presentadas por entidades del sector de juegos y loterías y por una asociación de alcaldes y vicealcaldes. Alegan, entre otros puntos, falta de urgencia para dictar una MP y violación de la seguridad jurídica y de la libre iniciativa. Las entidades del sector recuerdan además que las empresas pagaron 30 millones de reales por licencia. La Abogacía General de la Unión (AGU) defiende la validez de la prohibición.