El STJ de Brasil ordena detener a jueza condenada en la Operación Faroeste después de que la Fiscalía informara su salida del país
El ministro Og Fernandes atendió un pedido de la fiscalía federal, que señaló un viaje de Sandra Inês Rusciolelli a Lisboa en septiembre; la orden incluye a su hijo, también condenado.
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Resumen elaborado por la redacción de Panorama a partir de las fuentes listadas. Los hechos se atribuyen a las publicaciones originales.
El ministro Og Fernandes, del STJ (Superior Tribunal de Justicia, la máxima corte de Brasil para asuntos no constitucionales), decretó la prisión de la jueza de segunda instancia Sandra Inês Rusciolelli, del Tribunal de Justicia de Bahía, condenada a 14 años y 20 días de prisión, en régimen inicial cerrado, por corrupción pasiva y lavado de dinero. La orden, fechada el jueves (5), también alcanza a su hijo, Vasco Rusciolelli, condenado en el mismo proceso, informó Folha de S.Paulo.
La decisión atendió un pedido del MPF (Ministerio Público Federal), que reunió información de que la magistrada salió de Brasil el 21 de septiembre con destino a Lisboa. Para el ministro, con base en los argumentos de la Fiscalía, la circunstancia es un "fuerte indicio de intención de sustraerse a la aplicación de la ley penal".
Según la PGR (Procuraduría General de la República), el viaje fue precedido por la indicación de una dirección falsa: en agosto, madre e hijo informaron en el expediente una nueva residencia, pero un oficial de justicia no los encontró en el lugar en octubre. Folha contactó a la DPU (Defensoría Pública de la Unión), que defendió a ambos en el juicio del miércoles (4), pero no obtuvo respuesta.
La causa penal deriva de la Operación Faroeste, de la Policía Federal, que investigó un esquema de venta de decisiones judiciales para favorecer la apropiación ilegal de tierras en el oeste de Bahía. En 2021, Sandra firmó la primera delación premiada de una jueza de segunda instancia en el país, pero el acuerdo, también firmado por su hijo, fue anulado en noviembre de 2024 a pedido del MPF, que alegó que ambos dejaron de cooperar.
En el juicio, el defensor público José Carvalho do Nascimento argumentó que la defensa no tuvo acceso a parte de las pruebas y que las delaciones no venían acompañadas de otros elementos. Según el MPF, madre e hijo negociaron 4 millones de reales en sobornos y recibieron efectivamente 2,4 millones de reales.