El CNJ ordena que los certificados de defunción registren las muertes causadas por acción policial
Una resolución aprobada por unanimidad obliga a los registros civiles a indicar el contexto de la muerte, además de la causa médica, y prohíbe términos como "auto de resistência".
Traducido del original en portugués por la redacción de Panorama. Leer en portugués
Resumen elaborado por la redacción de Panorama a partir de las fuentes listadas. Los hechos se atribuyen a las publicaciones originales.
El Consejo Nacional de Justicia (CNJ) de Brasil decidió que los certificados de defunción de personas muertas en acciones de agentes de seguridad pública deberán informar expresamente esa circunstancia, según g1. Hoy, esos documentos registran solo la causa médica de la muerte, sin mencionar el contexto en que ocurrió.
La resolución fue aprobada por unanimidad en el pleno virtual del consejo. La norma abarca muertes provocadas, directa o indirectamente, por integrantes de las policías civiles y militares, los cuerpos de bomberos, la Policía Federal y la Policía Federal de Carreteras, además de otras instituciones con poder de policía vinculado a la seguridad. También se aplica a casos de desaparición en los que la muerte presunta sea reconocida por la Justicia.
El texto prohíbe el uso de expresiones consideradas estigmatizantes o que naturalicen la violencia, como "auto de resistência" (resistencia a la autoridad), "resistência seguida de morte" (resistencia seguida de muerte) y "confronto" (enfrentamiento). El CNJ recomienda una redacción estandarizada que describe la muerte como no natural y violenta, ocurrida en el contexto de una intervención de un órgano de seguridad pública. Los certificados antiguos podrán rectificarse cuando haya una decisión judicial que reconozca la participación policial.
De acuerdo con g1, el registro no implica el reconocimiento automático de responsabilidad civil, administrativa o penal del Estado o de los agentes, que deberá determinarse en procesos propios. El objetivo declarado es ampliar la transparencia y el control sobre la letalidad estatal y facilitar el acceso de las familias a reparaciones y beneficios.
El relator de la propuesta, el ministro Edson Fachin, presidente del CNJ y del Supremo Tribunal Federal (STF), afirmó que el fenómeno afecta "sobre todo a la población joven, negra y periférica". Según él, la omisión en los registros obliga a las familias a probar repetidamente las circunstancias de la muerte y priva al poder público de datos confiables para políticas de prevención.