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El Congreso de Paraguay sigue adelante con el juicio político a Santiago Peña, que presentó su renuncia

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación por el caso Ueno Bank; Peña dice que se defenderá en el Senado, que necesita 30 de 45 votos para destituirlo

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Traducido del original en portugués por la redacción de Panorama. Leer en portugués

Prédio do Congresso Nacional do Paraguai, no centro de Assunção
FF MM / Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0

Resumen elaborado por la redacción de Panorama a partir de las fuentes listadas. Los hechos se atribuyen a las publicaciones originales.

El Congreso de Paraguay decidió el jueves (5) seguir adelante con el juicio político al presidente Santiago Peña por el caso Ueno Bank, aun después de que él presentara su renuncia horas antes, informó BBC News Mundo. La Cámara de Diputados aprobó la acusación por unanimidad y la remitió al Senado, que decidirá sobre la destitución.

La renuncia no fue formalmente aceptada ni rechazada: quedó pendiente porque diputados oficialistas abandonaron la sesión conjunta de ambas cámaras, que se quedó sin quórum. Luego, los líderes de los partidos en el Senado acordaron continuar con el proceso. La forma de la salida pesa: si la renuncia hubiera sido aceptada, Peña se habría convertido en senador vitalicio, con inmunidad parlamentaria, condición que la Constitución niega a los expresidentes declarados culpables en un juicio político. Para destituirlo se necesitan 30 de los 45 votos del Senado.

En un mensaje en X, Peña afirmó que se presentará y ejercerá su derecho a la defensa con argumentos y pruebas, aunque, según él, la decisión ya fue adelantada. Al anunciar su renuncia en un video, había pedido disculpas a la población por si había fallado en algún momento; en un mensaje posterior, dijo que el pago a los ahorristas no puede depender de lo que ocurra con él.

La crisis estalló esta semana, cuando el Banco Central intervino Ueno Bank —que tiene cerca de 3 millones de clientes en un país de 6,5 millones de habitantes— después de que el capital de la entidad cayera por debajo de la mitad del mínimo exigido. El banco también administraba unos 850 millones de dólares en fondos públicos. Peña fue accionista del grupo dueño del banco hasta el año pasado, y la acusación señala un presunto conflicto de intereses.

La Cámara rechazó, por 48 votos contra 30, un pedido similar contra el vicepresidente Pedro Alliana, quien debe asumir y completar el mandato, que termina en 2028, si Peña deja el cargo. Frente al Congreso, manifestantes pidieron que la renuncia no pusiera fin al proceso.

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